Soriano i Piqueras lamenta las declaraciones de la líder de Compromís en Valencia comprometiendo la función de la abogacía y el derecho de defensa.

Soriano i Piqueras lamenta las declaraciones de la portavoz de Compromís en el Ayuntamiento de Valencia, Papi Robles, que suponen un ataque a este despacho, a nuestros clientes y al ejercicio independiente de la abogacía. Son afirmaciones que comprometen la función de la abogacía y el derecho de defensa que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, y que ningún cargo público debería poner en cuestión.

Este despacho defiende los derechos de sus clientes con independencia de cualquier posicionamiento político. La prueba está en su propia actividad: Soriano i Piqueras ha intervenido e interviene en litigios contra el Ayuntamiento de Valencia y contra otras administraciones públicas gobernadas por partidos de distinto signo, con el único criterio de la defensa de los intereses que se nos encomiendan. La propia Sra. Robles lo reconoce al afirmar que hemos intervenido profesionalmente en asuntos contra el Ayuntamiento de Valencia.

La actividad personal del socio-director de esta firma, D. Víctor Soriano, como asesor en el Senado es pública, notoria y compatible con el ejercicio de la abogacía, y no guarda relación alguna con el Ayuntamiento de Valencia ni con ningún expediente municipal. Utilizarla para identificar al despacho con un partido es ignorar un principio elemental del Estado de derecho, como garantía del derecho de defensa: los abogados no pueden ser identificados con sus clientes ni con las causas de sus clientes por ejercer su profesión.

Lo más grave de las declaraciones de la señora Robles es lo que en realidad piden. Al reclamar explicaciones al Ayuntamiento no por el contenido de una licencia, sino por quién es el abogado de quien la empresa que la solicita, la portavoz de Compromís pretende que la Administración dé a los ciudadanos un trato desigual —y, por tanto, ilegal— en función del despacho que les defiende. Una licencia es un acto reglado: si el proyecto cumple la normativa urbanística, el Ayuntamiento está obligado a concederla; si no la cumple, está obligado a denegarla. Quién sea el abogado del solicitante es jurídicamente irrelevante. Pedir otra cosa es pedir a la Administración que discrimine, en abierta contradicción con los principios de igualdad, objetividad e interdicción de la arbitrariedad que la Constitución impone a los poderes públicos.