El despacho Soriano i Piqueras, firma boutique especializada en derecho administrativo, urbanismo y derecho penal administrativo y urbanístico dirigirá la defensa letrada del procedimiento por encargo de la ADED
El abogado valenciano Víctor Soriano, reconocido experto en derecho urbanístico y derecho penal de delitos urbanísticos, se encargará de dirigir la acusación popular ejercitada por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED) en el caso por delito urbanístico en el que el Juzgado de Instrucción núm. 19 de Valencia investiga al alcalde de Alboraya, Miguel Chavarría, y a la concejal Ana Bru, por la construcción ilegal de una piscina en suelo de huerta protegida. En esa causa está citado como testigo el actual líder del PSPV-PSOE de la ciudad de Valencia, Borja Sanjuán, y las informaciones periodísticas apuntan a que podrían ser llamados a declarar también el exalcalde de Valencia, Joan Ribó y al exvicealcaldesa Sandra Gómez.
El despacho Soriano i Piqueras, firma especializada en derecho público y derecho penal administrativo, con oficinas en Madrid, Valencia y Palma de Mallorca, que dirige el abogado Víctor Soriano, tiene suscrito un convenio de colaboración con la ADED para constituir un programa de pro bono para la «preservación del patrimonio histórico, artístico, cultural o paisajístico español, en general, con especial incidencia en la salvaguarda del patrimonio industrial y agrícola». Es en el marco de este programa que la ADED, presidida por la abogada y ex alcaldesa de Catarroja M. Ángeles López, ha encomendado al letrado su intervención en la acusación popular de esta causa.
Soriano es un abogado reconocido en Valencia no solo por la dirección de la firma que lleva su nombre sino también por ejercer la acusación para el Partido Popular en el caso de fraude de subvenciones que afecta al hermano del expresidente Ximo Puig o por la defensa letrada de la acusación popular en el caso del fiscal general del Estado. También está implicado en algunos de los asuntos urbanísticos de más relevancia, como la defensa del futbolista Marco Borriello, investigado por delito contra la ordenación del territorio por las obras de su mansión de la isla de Ibiza.
En esta causa, la ADED ha manifestado que su finalidad es «asegurar la protección de la huerta de Valencia como paisaje cultural y agrícola de relevancia mundial, en un ámbito, como es el de Alboraya, donde se conservan al máximo sus valores».