En su recent\u00edsima Sentencia n\u00fam. 29\/2026 la Sala Segunda del Tribunal Supremo (de la que es ponente Andr\u00e9s Mart\u00ednez Arrieta) da un revolc\u00f3n al delito de prevaricaci\u00f3n por fraccionamiento de contratos administrativos. El caso arranca con una serie de adjudicaciones municipales tramitadas como contratos menores en materias de urbanismo y asesoramiento econ\u00f3mico. La Audiencia Provincial conden\u00f3 al entonces alcalde por un delito continuado de prevaricaci\u00f3n administrativa a trece a\u00f1os de inhabilitaci\u00f3n, pero el TSJ revoc\u00f3 la condena y lo absolvi\u00f3. El Tribunal Supremo, al resolver la casaci\u00f3n interpuesta por el ayuntamiento, confirma esa absoluci\u00f3n.\u00a0<\/p>\n\n\n\n
La pregunta relevante no es, por tanto, si existieron irregularidades en la contrataci\u00f3n p\u00fablica. La pregunta correcta es otra:\u00a0\u00bfpermit\u00edan esas irregularidades afirmar una resoluci\u00f3n arbitraria y dictada a sabiendas de su injusticia en los t\u00e9rminos del art. 404 CP?<\/strong>\u00a0La respuesta del Supremo es negativa. <\/p>\n\n\n\n La primera idea fuerza es clara: no toda contrataci\u00f3n irregular es prevaricaci\u00f3n administrativa.<\/strong> El art. 404 CP castiga a la autoridad o funcionario que dicte una resoluci\u00f3n arbitraria en un asunto administrativo con conocimiento de su injusticia. Ese tipo penal exige un plus: una ilegalidad cualificada, no una mera incorrecci\u00f3n administrativa, una mala praxis contractual o una elecci\u00f3n procedimental desacertada. La sentencia insiste, en l\u00ednea con la jurisprudencia previa, en que el umbral penal no se satisface por la sola existencia de anomal\u00edas en la tramitaci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n En este asunto, el tribunal de apelaci\u00f3n hab\u00eda concluido que las adjudicaciones no pod\u00edan calificarse como manifiesta o clamorosamente ilegales y, sobre todo, que no hab\u00eda quedado acreditado que respondieran a una conducta deliberadamente orientada a burlar la normativa de contrataci\u00f3n. El Supremo subraya adem\u00e1s un dato decisivo: el TSJ retir\u00f3 expresamente del caso la finalidad descrita en el art. 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector P\u00fablico, es decir, la idea de que se fraccion\u00f3 el contrato para<\/strong> disminuir su cuant\u00eda y eludir as\u00ed la publicidad o el procedimiento de adjudicaci\u00f3n. Sobre ese relato f\u00e1ctico ya depurado, la condena penal no pod\u00eda reconstruirse. <\/p>\n\n\n\n Conviene subrayar una matizaci\u00f3n importante.\u00a0La sentencia no legitima el fraccionamiento contractual.<\/strong>\u00a0Al contrario: el art. 86.2 TRLCSP aplicable al caso lo prohib\u00eda expresamente, y la LCSP vigente reproduce hoy casi literalmente esa misma regla en su art. 99.2. Lo que dice el Supremo es algo distinto y m\u00e1s t\u00e9cnico: que, en el proceso penal y con este concreto material probatorio, no bastaba con invocar la normativa contractual para afirmar sin m\u00e1s la prevaricaci\u00f3n del art. 404 CP. Entre la contravenci\u00f3n de la normativa administrativa y la condena penal hay un salto cualitativo que debe probarse.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n La segunda idea fuerza es pr\u00e1ctica: el derecho penal no puede funcionar como una cl\u00e1usula general para sancionar cualquier incumplimiento de la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/strong> Para acusar con fundamento har\u00e1 falta probar no solo la irregularidad, sino tambi\u00e9n la arbitrariedad cualificada, el conocimiento de la injusticia y, en su caso, la finalidad elusiva del procedimiento. Y para defender con eficacia convendr\u00e1 distinguir, con nitidez, entre infracci\u00f3n administrativa, nulidad contractual, responsabilidad contable, reproche disciplinario y aut\u00e9ntico injusto penal. La sentencia es especialmente \u00fatil para secretarios, interventores, letrados p\u00fablicos, defensas penales y acusaciones que trabajen en el cruce entre contrataci\u00f3n y corrupci\u00f3n p\u00fablica.\u00a0\u00a0<\/p>\n\n\n\n La conclusi\u00f3n, en fin, merece quedar formulada sin rodeos:\u00a0el contrato menor mal utilizado puede ser un problema serio de legalidad administrativa; pero para convertirlo en prevaricaci\u00f3n administrativa hacen falta hechos probados que demuestren arbitrariedad penalmente relevante y dolo, y la casaci\u00f3n no puede suplir lo que no qued\u00f3 acreditado en la instancia y en la apelaci\u00f3n.<\/strong>\u00a0Esa es la verdadera ense\u00f1anza de la STS 29\/2026 y, probablemente, su mayor utilidad pr\u00e1ctica para quienes litigan o asesoran en el \u00e1mbito del derecho penal administrativo.\u00a0\u00a0<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" En su recent\u00edsima Sentencia n\u00fam. 29\/2026 la Sala Segunda del Tribunal Supremo (de la que es ponente Andr\u00e9s Mart\u00ednez Arrieta) da un revolc\u00f3n al delito de prevaricaci\u00f3n por fraccionamiento de contratos administrativos. 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