Desde el despacho Soriano i Piqueras, en calidad de representantes de la acusación popular en la causa seguida contra el fiscal general del Estado, queremos trasladar a la opinión pública nuestra valoración ante la decisión adoptada por la Sala de Apelación constituida en la Sala Segunda del Tribunal Supremo de confirmar el procesamiento acordado por el instructor contra quien ostenta la máxima responsabilidad del Ministerio Fiscal.
En primer lugar, debemos señalar que la decisión judicial supone la confirmación por la más alta instancia judicial española del criterio defendido exclusivamente por la acusación popular cuya defensa letrada ha ejercitado el abogado director de esta firma, Víctor Soriano i Piqueras, que no han seguido ni el Ministerio Fiscal ni las demás acusaciones personadas, de procesar en este caso únicamente a Álvaro García Ortiz, acordando el sobreseimiento frente a la fiscal jefe provincial de Madrid.
En segundo lugar, hemos de manifestar que consideramos que esta resolución judicial constituye un hito institucional de enorme trascendencia democrática: por primera vez en la historia de España, un fiscal general del Estado se sentará en el banquillo para responder por hechos que podrían ser constitutivos de delito, relativos al ejercicio de su cargo. Que esto sea posible no debilita nuestras instituciones, sino que las fortalece. Demuestra que el principio de igualdad ante la ley no admite excepciones ni jerarquías.
Desde el primer momento, nuestra actuación ha estado guiada por la defensa del interés general, la legalidad y la ética pública. Nuestra intervención en esta causa no responde a ninguna motivación personal o partidista, sino al convencimiento de que la confianza ciudadana en la justicia exige que los más altos responsables rindan cuentas de sus actos ante indicios de actuación ilícita.
El juicio al fiscal general del Estado no es una crisis del sistema: es la prueba de su madurez. Frente a la tentación de la impunidad, la sociedad española ha de reafirmarse en que no hay poder sin control ni autoridad sin responsabilidad. Que un fiscal general pueda ser juzgado en condiciones de plena garantía procesal es la victoria del Estado de Derecho sobre el privilegio.
Soriano i Piqueras seguirá ejerciendo la acusación con el rigor técnico y la firmeza jurídica que nos caracteriza, sin ceder a presiones externas ni a interferencias políticas ni mediáticas. Lo haremos por respeto a la ley, por defensa de las instituciones y del papel clave de la abogacía en la salvaguarda del Estado de Derecho y por dignidad democrática.