El despacho Soriano i Piqueras celebra la sentencia dictada hoy por el Tribunal Supremo, que condena al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación, multa de 7.200 euros y al pago de 10.000 euros de indemnización por un delito de revelación de secretos. La resolución marca un límite claro frente a los abusos en el ejercicio del poder público y constituye un hito institucional de primer orden.
El socio director del despacho, Víctor M. Soriano i Piqueras, ha valorado el fallo como «una buena noticia tanto para las partes acusadoras como, sobre todo, para el Estado de Derecho». Según explica, «estamos muy satisfechos con el fallo: se ha acogido la principal tesis acusatoria y la pena es razonable para los hechos. Hay que esperar a conocer el contenido íntegro de la sentencia para ver los detalles, pero hoy se ha demostrado que no hay nadie impune a la ley».
El despacho destaca que en el juicio han intervenido directamente el propio Víctor Soriano, en calidad de socio director y responsable de la estrategia acusatoria, así como los abogados Inma Yáñez y Antonio Lechuga, quienes han desarrollado una labor técnica clave durante la vista oral y en la preparación del caso. La firma subraya que este trabajo conjunto ha sido determinante para consolidar la solidez jurídica de la acusación.
El despacho considera que la sentencia «refuerza la confianza en los mecanismos de control propios de un Estado democrático avanzado» y demuestra que la ley opera con independencia del cargo, del poder o del contexto político. Para Soriano i Piqueras, la resolución «reafirma la función esencial de la acusación popular en la depuración de responsabilidades y en la protección del interés público».
La firma reitera su compromiso con el rigor, la independencia y la defensa activa de la legalidad, valores que han guiado su intervención en este y otros procedimientos penales de alta complejidad y relevancia institucional.