Los riesgos procesales que afrontan las macrocausas, la presión mediática y las filtraciones en la fase de instrucción y el papel de la acusación popular como mecanismo de control democrático. Estos fueron algunos de los temas centrales que se abordaron en la mesa redonda “Casos judiciales mediáticos y judicialización de la política”, un encuentro organizado por la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho (ADED) con la colaboración del despacho Soriano i Piqueras.
La jornada reunió en el Ateneo Mercantil de Valencia a profesionales del ámbito jurídico para abordar los riesgos procesales en procedimientos de alta exposición pública. En la mesa intervinieron Víctor Soriano, abogado y socio director de Soriano i Piqueras, Mamen Peris, abogada de la acusación popular en el caso de la DANA y ex síndica de Ciudadanos y Pilar Gamo, magistrada del Tribunal de Instancia de Madrid. Inauguró el evento M.ª Ángeles López, presidenta de ADED.
Durante el debate, uno de los grandes ejes fueron los riesgos que puede generar una instrucción técnicamente defectuosa en macrocausas de gran complejidad, con el caso de la DANA como ejemplo de cómo una investigación con enorme presión social puede quedar en entredicho si no se sostiene con rigor procesal. Soriano sostuvo que en estos procedimientos “una causa puede tener recorrido y aun así venirse abajo” si la instrucción no está jurídicamente bien construida y si las decisiones clave no se adoptan con una motivación sólida.
Asimismo, reflexionó sobre cómo se ha desdibujado la frontera entre política y tribunales en el debate público. “Los periodistas de tribunales dan ya más páginas que los de política; al final la sección de política va a cerrar”, ironizó, antes de advertir del “ruido” que generan determinadas denuncias y querellas espurias. A su juicio, la mayoría no prospera porque “afortunadamente se inadmiten” o son “flor de un día”, y recordó que un procedimiento no avanza por “una denuncia meramente registrada”, sino cuando el órgano competente aprecia indicios racionales de delito, un contexto que explica que la justicia haya pasado a ocupar un lugar central en la conversación política.
El socio director de Soriano i Piqueras insistió en que en los casos mediáticos el abogado debe pensar simultáneamente en la estrategia procesal, en la posición del cliente y en el impacto público de cada movimiento. “Tienes que pensar en lo que va a decir el cliente, en lo que va a decir la prensa y en cómo lo va a percibir la opinión pública, pero la estrategia no puede diseñarse para el titular”, señaló.
La mesa también abordó el papel de la acusación popular en el sistema penal español. En referencia al procedimiento que afecta al hermano del expresident Ximo Puig, Soriano defendió que esta figura procesal cumple una función de control esencial. “Sin acusación popular, determinadas conductas que cuentan con apariencia de legalidad o incluso con aval administrativo difícilmente serían sometidas a un escrutinio profundo”, señaló.
Durante su intervención, defendió además que restringir esta figura supondría un retroceso en términos democráticos. “La acusación popular está reconocida en la Constitución y forma parte de nuestro sistema como herramienta de participación y control. No es una anomalía, es una garantía”, sostuvo.