Más de 400 procedimientos dirigidos en defensa del derecho de acceso a la información de parlamentarios, concejales y cargos electos. Cuatro condenas recientes al Gobierno de España ante el Tribunal Supremo.
Primera consulta confidencial →El derecho de acceso a la información es el instrumento jurídico que permite a los parlamentarios, concejales y cargos electos fiscalizar la actuación de los gobiernos. Sin información, no hay control. Y sin control, no hay democracia real. Cuando las administraciones deniegan, retrasan o evaden las solicitudes de información, la única respuesta eficaz es la vía judicial.
Soriano i Piqueras ha dirigido más de 400 procedimientos en defensa del derecho de acceso a la información de cargos electos, en distintos niveles de la administración — local, autonómica y estatal — y ante distintos órganos jurisdiccionales. La experiencia acumulada incluye cuatro sentencias recientes del Tribunal Supremo que han condenado al Gobierno de España por negar información a senadores del Grupo Parlamentario Popular, consolidando una doctrina jurisprudencial que Víctor M. Soriano i Piqueras ha contribuido a construir desde la sala de vistas.
La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha estimado cuatro recursos contencioso-administrativos dirigidos por Víctor M. Soriano i Piqueras en nombre de senadores del Partido Popular. En todos los casos, el Gobierno había respondido a solicitudes de información parlamentaria con respuestas que el Tribunal calificó de evasivas, incompletas o ayunas de contenido real.
Las cuatro sentencias suman 8.000 euros en condena en costas al Gobierno — 2.000 euros por procedimiento — y establecen una doctrina común: el derecho de acceso parlamentario a la información no puede ser restringido mediante respuestas genéricas ni sustituido por estadísticas o referencias a portales de transparencia.
Diputados y senadores de las Cortes Generales, parlamentarios autonómicos y diputados provinciales con derecho a obtener información del Ejecutivo al amparo del art. 7 del Reglamento del Senado, art. 7 del Reglamento del Congreso y los reglamentos autonómicos equivalentes.
Cargos electos en la administración local con derecho de acceso a la documentación municipal al amparo del art. 77 LRBRL y los arts. 14 a 16 ROF. Defensa frente a denegaciones expresas, silencio administrativo negativo y restricciones no previstas en la ley.
Personas físicas y jurídicas con derecho de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013 de Transparencia y sus equivalentes autonómicos. Reclamaciones ante el Consejo de Transparencia y recursos contencioso-administrativos.
Abogado, profesor de derecho administrativo y asesor parlamentario en el Senado. Ha dirigido personalmente más de 400 procedimientos en defensa del derecho de acceso a la información de cargos electos en toda España, desde juzgados de lo contencioso hasta la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Su posición como asesor parlamentario le permite conocer el derecho de acceso desde dentro del Parlamento y defenderlo con eficacia ante los tribunales.