Defensa frente a expedientes sancionadores urbanísticos, órdenes de restauración de la legalidad y resoluciones de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística en la Comunidad de Madrid.
Primera valoración confidencial →La Comunidad de Madrid cuenta con uno de los regímenes de disciplina urbanística más activos de España. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística — la APLU — es un organismo autónomo creado específicamente para inspeccionar, sancionar e instar la demolición de construcciones ilegales en municipios de menos de 50.000 habitantes. Su actividad, combinada con la disciplina urbanística de los grandes ayuntamientos madrileños, genera un volumen muy elevado de expedientes sancionadores que afectan a propietarios, promotores y constructores en toda la Comunidad.
Soriano i Piqueras defiende desde su oficina en el Paseo de la Castellana, 40 en procedimientos sancionadores urbanísticos ante la APLU, los ayuntamientos madrileños y la Comunidad de Madrid, y recurre sus resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Nuestra especialización simultánea en derecho penal urbanístico permite además anticipar si el expediente puede derivar en vía penal y coordinar la defensa en ambas vías desde el primer momento.
La APLU es el organismo autónomo de la Comunidad de Madrid con competencias para inspeccionar, tramitar expedientes sancionadores e instar la restauración de la legalidad urbanística en los municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 50.000 habitantes que no dispongan de servicios propios de disciplina urbanística suficientes.
Sus resoluciones son recurribles en alzada ante la Consejería competente y, una vez agotada la vía administrativa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La APLU tiene fama de actuar con especial rigor en zonas rurales, municipios del noroeste de Madrid y áreas de especial protección ambiental.
Sanción económica, orden de demolición o restauración del estado anterior. Tramitada por la APLU o el ayuntamiento. Recurrible en vía administrativa y contencioso-administrativa ante los tribunales de Madrid.
Pena de prisión de uno a cuatro años, multa e inhabilitación (arts. 319-320 CP). Posible orden de demolición como consecuencia accesoria. Ante los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid.
Asistencia letrada desde el inicio del expediente tramitado por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Alegaciones, proposición de prueba, recursos de alzada ante la Consejería y recursos contencioso-administrativos ante los tribunales de Madrid.
Defensa en expedientes sancionadores tramitados por los ayuntamientos de Madrid capital y de los municipios de más de 50.000 habitantes que mantienen sus propios servicios de disciplina urbanística. Recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo.
Impugnación de órdenes de demolición y de restauración del estado anterior dictadas por la APLU o los ayuntamientos madrileños. Solicitud de medidas cautelares de suspensión ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para paralizar la ejecución mientras se tramita el recurso.
Interposición de recursos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuando proceda.
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