El\u00a0Tribunal Supremo\u00a0ha dictado en fechas recientes varias resoluciones de gran relevancia institucional al estimar distintos recursos contencioso-administrativos interpuestos por senadores del Partido Popular frente a la negativa del Gobierno a facilitar informaci\u00f3n solicitada por v\u00eda parlamentaria. Estas sentencias, en las que ha intervenido como letrado director\u00a0V\u00edctor M. Soriano i Piqueras, consolidan una l\u00ednea jurisprudencial clara: el derecho de los parlamentarios a obtener informaci\u00f3n del Ejecutivo forma parte esencial del n\u00facleo de la funci\u00f3n de control pol\u00edtico y no puede ser restringido mediante respuestas incompletas o evasivas.<\/p>\n\n\n\n
En concreto, el Alto Tribunal ha declarado contrarias a Derecho diversas contestaciones del Gobierno que, aun guardando relaci\u00f3n con las solicitudes formuladas, no satisfac\u00edan de manera efectiva la informaci\u00f3n requerida. As\u00ed ocurre, por ejemplo, en el caso relativo a los fondos europeos NextGenerationEU, en el que el Supremo concluye que la respuesta ofrecida \u201cno guardaba correspondencia con la pregunta concreta formulada\u201d, al no identificar de forma individualizada a los beneficiarios ni las cuant\u00edas percibidas, tal y como se hab\u00eda solicitado expresamente. <\/p>\n\n\n\n
Del mismo modo, en otras resoluciones, el Tribunal ha obligado al Ejecutivo a facilitar datos relativos al parque inmobiliario estatal o a la documentaci\u00f3n elaborada por \u00f3rganos como la Abogac\u00eda del Estado o la Intervenci\u00f3n General, rechazando los argumentos de imposibilidad material o de car\u00e1cter gen\u00e9rico de las solicitudes. La Sala de lo Contencioso-Administrativo insiste en que ni el volumen de la informaci\u00f3n ni la amplitud de la petici\u00f3n justifican la denegaci\u00f3n del acceso cuando se trata de garantizar el ejercicio de un derecho fundamental vinculado al art\u00edculo 23 de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n
Estas resoluciones \u2014cuatro en total en el marco de esta estrategia procesal\u2014 presentan un denominador com\u00fan: la afirmaci\u00f3n de que el Gobierno est\u00e1 jur\u00eddicamente obligado a proporcionar la informaci\u00f3n solicitada en un plazo determinado, habitualmente de 30 d\u00edas, reconociendo de forma expresa el derecho individualizado del parlamentario recurrente. <\/p>\n\n\n\n
Desde la perspectiva jur\u00eddica, el conjunto de sentencias supone un refuerzo significativo del control parlamentario sobre la acci\u00f3n del Ejecutivo, al establecer que el derecho de acceso a la informaci\u00f3n no exige motivaci\u00f3n espec\u00edfica por parte del senador ni puede ser sustituido por respuestas gen\u00e9ricas o estad\u00edsticas. La doctrina del Supremo se alinea as\u00ed con la interpretaci\u00f3n constitucional que concibe este derecho como instrumento indispensable para la rendici\u00f3n de cuentas y la transparencia en el funcionamiento de los poderes p\u00fablicos.<\/p>\n\n\n\n
La direcci\u00f3n letrada de estos procedimientos por parte de V\u00edctor Soriano evidencia, adem\u00e1s, una estrategia procesal coherente y sostenida en el tiempo, orientada a convertir la v\u00eda contencioso-administrativa en un mecanismo eficaz para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Gobierno frente a las C\u00e1maras. El resultado es una serie de pronunciamientos que no solo resuelven casos concretos, sino que fijan criterios de alcance general sobre los l\u00edmites de la actuaci\u00f3n administrativa en materia de informaci\u00f3n parlamentaria.<\/p>\n\n\n\n
En definitiva, las sentencias del Tribunal Supremo marcan un hito en la defensa del derecho de los representantes p\u00fablicos a ejercer su funci\u00f3n de control con plenitud, consolidando una doctrina que refuerza la transparencia institucional y delimita con precisi\u00f3n las obligaciones del Gobierno frente al Parlamento.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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