El abogado director de Soriano i Piqueras, Víctor Soriano, ha impartido una sesión formativa a concejales sobre el derecho de acceso a la información
La oposición pide papeles y el gobierno se los niega; acaban en el juzgado. Según el abogado Víctor Soriano i Piqueras, director de Soriano i Piqueras, profesor de derecho administrativo y asesor en el Senado y antes en Les Corts Valencianes, este drama legal se ha repetido centenares de veces en ayuntamientos y parlamentos de España. Soriano, que ha ganado más de 400 pleitos en los que la Justicia obligó a las administraciones a entregar la documentación solicitada por concejales y diputados, es el abogado que más ha lidiado en esta batalla. Su experiencia ilustra el constante pulso entre el derecho de acceso a la información pública —clave para el control democrático— y las resistencias del poder a ser fiscalizado.
El derecho de los representantes políticos a obtener información de la Administración está consagrado en el ordenamiento español. La Constitución, en su artículo 23, garantiza a los ciudadanos la participación en los asuntos públicos a través de sus representantes, lo que implica que estos representantes (diputados, senadores, concejales…) puedan desempeñar sus funciones sin “perturbaciones ilegítimas”. El Tribunal Constitucional dejó establecido desde los años 80 que el acceso a datos y documentos oficiales forma parte del ius in officium del cargo público, es decir, de los derechos inherentes a su mandato representativo. Si un político electo es privado de la información necesaria para su labor, ese derecho constitucional “quedaría vacío de contenido”, en palabras de la propia jurisprudencia.
Aunque se trata de un derecho muy amplio, no es absoluto en términos jurídicos. Existen contadas situaciones en las que la Administración puede negarse a facilitar determinados documentos, siempre con base legal y bajo escrutinio judicial. Uno de esos límites son los secretos oficiales: la información clasificada (por ejemplo, en materia de defensa o seguridad del Estado) se rige por su legislación específica. Soriano ha conseguido perfilar esos límites en la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano y del Tribunal Supremo, hasta reducirlos al mínimo: ni el volumen de la petición, ni su posible incomodidad para el gobierno, ni la presencia de datos personales son excusas válidas para impedir el acceso. En palabras de Víctor Soriano, se trata de «un derecho casi absoluto».
A pesar del sólido marco legal, la realidad diaria dista de ser idílica. Víctor Soriano, con su experiencia en cientos de casos, describe un panorama de resistencias sistemáticas por parte de muchas administraciones, en especial cuando la solicitud proviene de la oposición política. “Los diputados de la oposición siempre se encuentran con la vocación limitadora de la Administración”, señaló en el capítulo que dedica a la materia en su libro Políticos y partidos ante la batalla jurídica. El gobierno al que se le piden cuentas suele ver al solicitante como un extraño potencialmente hostil, y trata de coartar el acceso en la medida de lo posible.
Soriano subraya que estas obstrucciones raramente conllevan consecuencias serias para quien las comete. Incluso cuando el político afectado gana el pleito, la sentencia suele limitarse a ordenar la entrega de los documentos y, en el mejor de los casos, imponer las costas procesales a la Administración infractora. Pocas veces se sanciona de otro modo la actitud opaca del poder público. Este jurista opina que los tribunales deberían ser más contundentes: en su criterio, negar deliberadamente información a un representante democrático debería considerarse una grave ilegalidad, incluso constitutiva de prevaricación (dictar una resolución injusta a sabiendas). Por ahora, tal rigor punitivo no es la norma, y muchas autoridades parecen asumir que “incumplir la ley sale barato” en este terreno.
Soriano ha sido testigo directo de cómo, caso tras caso, los jueces ordenan a alcaldes, consejeros autonómicos o ministros entregar los papeles reclamados. En ocasiones, las administraciones demandadas ni siquiera agotan los recursos: ante la evidencia de la derrota judicial, terminan acatando y facilitando la información antes de una sentencia firme. Pero incluso cuando han batallado en varias instancias, el resultado tiende a repetirse. Según explica el abogado, los magistrados “no dejan fisuras”: reconocen el derecho de acceso casi siempre y solo admiten limitaciones muy puntuales (vinculadas a secretos oficiales o a protección de datos especialmente delicados). El balance de más de 400 pleitos ganados así lo demuestra.