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Abogados especialistas en derecho sancionador urbanístico en Madrid
Defensa frente a expedientes sancionadores urbanísticos, órdenes de restauración de la legalidad y resoluciones de la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística en la Comunidad de Madrid. Primera valoración confidencial →
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Derecho sancionador urbanístico
El régimen sancionador urbanístico en Madrid: un sistema con particularidades propias
La Comunidad de Madrid cuenta con uno de los regímenes de disciplina urbanística más activos de España. La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística — la APLU — es un organismo autónomo creado específicamente para inspeccionar, sancionar e instar la demolición de construcciones ilegales en municipios de menos de 50.000 habitantes. Su actividad, combinada con la disciplina urbanística de los grandes ayuntamientos madrileños, genera un volumen muy elevado de expedientes sancionadores que afectan a propietarios, promotores y constructores en toda la Comunidad.
Soriano i Piqueras defiende desde su oficina en el Paseo de la Castellana, 40 en procedimientos sancionadores urbanísticos ante la APLU, los ayuntamientos madrileños y la Comunidad de Madrid, y recurre sus resoluciones ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Nuestra especialización simultánea en derecho penal urbanístico permite además anticipar si el expediente puede derivar en vía penal y coordinar la defensa en ambas vías desde el primer momento.
Organismo clave en Madrid
La Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística (APLU)
La APLU es el organismo autónomo de la Comunidad de Madrid con competencias para inspeccionar, tramitar expedientes sancionadores e instar la restauración de la legalidad urbanística en los municipios de la Comunidad de Madrid con menos de 50.000 habitantes que no dispongan de servicios propios de disciplina urbanística suficientes.
Sus resoluciones son recurribles en alzada ante la Consejería competente y, una vez agotada la vía administrativa, ante la jurisdicción contencioso-administrativa. La APLU tiene fama de actuar con especial rigor en zonas rurales, municipios del noroeste de Madrid y áreas de especial protección ambiental.
Si ha recibido una notificación de la APLU o de un ayuntamiento de la Comunidad de Madrid por una presunta infracción urbanística, contacte con nosotros antes de que venza el plazo para formular alegaciones. Los primeros días son los más importantes para la defensa.
Vía administrativa
Sanción económica, orden de demolición o restauración del estado anterior. Tramitada por la APLU o el ayuntamiento. Recurrible en vía administrativa y contencioso-administrativa ante los tribunales de Madrid.Vía penal
Pena de prisión de uno a cuatro años, multa e inhabilitación (arts. 319-320 CP). Posible orden de demolición como consecuencia accesoria. Ante los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid.Defensa ante la APLU
Asistencia letrada desde el inicio del expediente tramitado por la Agencia de Protección de la Legalidad Urbanística. Alegaciones, proposición de prueba, recursos de alzada ante la Consejería y recursos contencioso-administrativos ante los tribunales de Madrid.Defensa ante ayuntamientos madrileños
Defensa en expedientes sancionadores tramitados por los ayuntamientos de Madrid capital y de los municipios de más de 50.000 habitantes que mantienen sus propios servicios de disciplina urbanística. Recurso de reposición y recurso contencioso-administrativo.Órdenes de restauración y demolición
Impugnación de órdenes de demolición y de restauración del estado anterior dictadas por la APLU o los ayuntamientos madrileños. Solicitud de medidas cautelares de suspensión ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid para paralizar la ejecución mientras se tramita el recurso.Recursos contencioso-administrativos
Interposición de recursos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid contra resoluciones sancionadoras firmes en vía administrativa. Recurso de casación ante el Tribunal Supremo cuando proceda.Particularidades del régimen sancionador urbanístico en la Comunidad de Madrid
01
La Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid. La normativa urbanística autonómica madrileña — la Ley 9/2001 del Suelo de la Comunidad de Madrid y sus modificaciones — define la clasificación del suelo, las infracciones urbanísticas y el régimen sancionador aplicable. Su conocimiento preciso es imprescindible para una defensa eficaz.
02
La APLU y su ámbito territorial. La APLU actúa en los municipios de menos de 50.000 habitantes de la Comunidad de Madrid. Sus expedientes tienen particularidades procedimentales propias — plazos, recursos, órganos competentes — que difieren de los expedientes tramitados directamente por los ayuntamientos.
03
Prescripción de infracciones y caducidad del expediente. La Ley del Suelo de Madrid establece plazos de prescripción para las infracciones urbanísticas y plazos de caducidad para los expedientes sancionadores. Su incumplimiento por la Administración puede determinar el archivo del expediente y es una de las líneas de defensa más frecuentemente exitosas.
04
Zonas de especial sensibilidad. El noroeste de Madrid — Sierra de Guadarrama, Parque Regional, zonas de especial protección ambiental — concentra una alta densidad de expedientes por construcciones en suelo protegido donde la normativa sectorial añade una capa adicional de complejidad y donde el riesgo de derivación penal es mayor.
05
Coordinación penal-administrativa. Cuando la APLU o el ayuntamiento aprecian indicios de delito urbanístico, están obligados a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal. La defensa debe coordinarse en ambas vías para evitar que las declaraciones o actuaciones en la vía administrativa perjudiquen la posición en la vía penal.
Equipo en Madrid
Víctor M. Soriano i Piqueras
Socio-director del despacho, abogado y profesor de derecho administrativo. Reconocido por la prensa nacional como especialista en derecho penal urbanístico. Dirige personalmente desde la oficina de Madrid todos los asuntos de disciplina urbanística con dimensión penal o de especial complejidad administrativa.
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