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Abogados derecho penal administrativo — Soriano i Piqueras
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Derecho penal administrativo

Despacho de referencia en España en derecho penal administrativo. Defensa y acusación en prevaricación, malversación, cohecho y delitos de funcionarios ante los principales órganos jurisdiccionales del país. Primera valoración confidencial →
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El derecho penal administrativo es la rama del derecho penal que se ocupa de las conductas delictivas cometidas en el ejercicio de la función pública o en relación con la actividad de las administraciones. Comprende los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, fraude, infidelidad en la custodia de documentos y otras figuras tipificadas en los títulos XIX y XX del Código Penal.

Soriano i Piqueras es uno de los despachos de referencia en España en esta práctica. Dirigimos asuntos en los que confluyen procedimiento penal, procedimiento administrativo sancionador, procedimiento contable ante el Tribunal de Cuentas y régimen disciplinario interno. No abordamos el derecho penal administrativo como una vertiente más del derecho penal, sino como una disciplina autónoma que exige conocimiento profundo del derecho administrativo, del derecho público y de la jurisprudencia constitucional sobre el régimen de los cargos públicos.

Principales tipos penales

Prevaricación administrativa

Art. 404 CP · Inhabilitación 9-15 años Castiga a la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dicta una resolución arbitraria en un asunto administrativo. La jurisprudencia exige un plus de arbitrariedad: no basta el error o la decisión jurídicamente discutible, sino una resolución manifiestamente contraria a derecho dictada con conocimiento de su ilegalidad.

Malversación de caudales públicos

Arts. 432-435 CP · Prisión hasta 6 años Tras la reforma de la LO 14/2022, distingue tres modalidades: apropiación de caudales públicos, administración desleal del patrimonio público y uso temporal sin propósito de apropiación. El Tribunal de Cuentas mantiene competencia paralela para exigir la responsabilidad contable.

Cohecho

Arts. 419-427 bis CP Comprende el cohecho pasivo propio (recibir dádiva por acto contrario al deber), pasivo impropio (por acto propio del cargo) y activo (del particular que ofrece). Las consecuencias incluyen prisión, multa proporcional e inhabilitación, además de decomiso del beneficio obtenido.

Tráfico de influencias

Arts. 428-431 CP Tipifica la conducta de influir en una autoridad o funcionario público prevaliéndose de relación personal, jerárquica o de hecho, para conseguir una resolución que genere un beneficio. Exige cuidadosa delimitación respecto del lobby legítimo y de la actividad política ordinaria.

Fraude y exacciones ilegales

Arts. 436-438 CP Castiga la concertación entre funcionarios y particulares en operaciones públicas para defraudar a la administración, así como la exigencia de derechos o tarifas no debidas. Aparece con frecuencia en relación con contratación pública y subvenciones.

Negociaciones prohibidas y otros tipos

Arts. 439-444 CP y concordantes Conflictos de interés, abuso de la condición de funcionario, falsedades (arts. 390 y ss.), infidelidad en la custodia de documentos (arts. 413-418), desobediencia y denegación de auxilio (arts. 410-412) y delitos fiscales cometidos por quien desempeña función pública.

Particularidades procesales del derecho penal administrativo

01 Aforamiento. Determinados cargos disfrutan de aforamiento ante el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. La determinación del órgano competente es a menudo controvertida y puede condicionar toda la estrategia procesal.
02 Concurrencia con el Tribunal de Cuentas. Las causas que afectan al patrimonio público suelen generar pieza paralela ante el Tribunal de Cuentas para la exigencia de responsabilidad contable. La coordinación de defensas es esencial.
03 Régimen disciplinario. La incoación de un procedimiento penal puede comportar la apertura simultánea de expediente disciplinario y la suspensión de funciones. La articulación entre ambos procedimientos requiere conocimiento especializado.
04 Acusación popular. Es frecuente la personación de partidos políticos, asociaciones cívicas o sindicatos como acusación popular. Su admisión, delimitación y límites son objeto de litigación constante.
05 Dimensión pública. Casi todas las causas tienen impacto mediático. La gestión del riesgo reputacional forma parte esencial de la estrategia.
Nuestra práctica

Defensa y acusación en asuntos de primera magnitud

Soriano i Piqueras asume tanto la defensa como la acusación. Defendemos a autoridades, funcionarios, cargos electos y empresarios investigados o procesados; ejercemos la acusación particular en nombre de administraciones perjudicadas y de personas físicas o jurídicas afectadas; y dirigimos acusaciones populares de relevancia. Cada asunto es dirigido directamente por el socio responsable.

Acusación popular contra el Fiscal General del Estado por revelación de secretos.
Dirección letrada en investigaciones derivadas de la actividad parlamentaria en el Senado.
Defensa de cargos públicos investigados por delitos urbanísticos en Madrid, la Comunidad Valenciana y las Illes Balears.
Asistencia a empresarios y promotores en investigaciones por delitos económicos con interlocución administrativa.
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Por qué estos asuntos exigen un despacho especializado

Las consecuencias de una condena por delito contra la administración pública trascienden la pena de prisión: la inhabilitación absoluta o especial puede ser de hasta veinte años; las responsabilidades civiles y contables pueden alcanzar cifras muy elevadas; el daño reputacional es, en muchos casos, irreversible; y la propia condición profesional o política del afectado queda comprometida.

Estos asuntos requieren conocimiento profundo del derecho administrativo subyacente, capacidad de litigación en jurisdicciones penal, contencioso-administrativa y contable, y experiencia en la gestión de la dimensión pública del procedimiento. Es la práctica que Soriano i Piqueras ha desarrollado durante más de una década.

También en esta práctica

Preguntas frecuentes sobre derecho penal administrativo

¿Qué es el derecho penal administrativo?

Es la rama del derecho penal que se ocupa de los delitos cometidos por funcionarios públicos, autoridades y cargos electos en el ejercicio de su función, así como de los delitos que afectan al correcto funcionamiento de las administraciones públicas. Comprende los delitos de prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias, fraude, exacciones ilegales y falsedades.

¿En qué se diferencia del derecho administrativo sancionador?

El derecho penal administrativo opera en la jurisdicción penal con penas que pueden incluir prisión e inhabilitación. El derecho administrativo sancionador se desarrolla ante la propia administración y sus tribunales contencioso-administrativos, con sanciones pecuniarias o de restablecimiento de la legalidad. Pueden concurrir sobre los mismos hechos sin vulnerar el principio non bis in idem.

¿Qué consecuencias profesionales tiene una imputación por prevaricación o malversación?

La imputación puede activar procedimientos paralelos: expediente disciplinario, suspensión cautelar de funciones y comunicación al órgano competente. La condena conlleva inhabilitación absoluta o especial que puede impedir el ejercicio del cargo durante años, además de penas privativas de libertad y económicas.

¿Qué papel juega el Tribunal de Cuentas en estos procedimientos?

El Tribunal de Cuentas exige la responsabilidad contable derivada del menoscabo de fondos públicos, con independencia de la jurisdicción penal. Un mismo hecho puede generar responsabilidad penal y, paralelamente, responsabilidad contable con obligación de reintegrar los fondos con intereses. La coordinación entre ambas defensas es esencial.

¿Cuándo prescribe el delito de malversación?

Las modalidades más graves, con penas de hasta ocho años, prescriben a los diez años. Las modalidades menores prescriben en plazos inferiores. La determinación del día inicial del cómputo en delitos continuados es objeto de jurisprudencia matizada y debe analizarse en cada caso concreto.

¿Puede la administración personarse como acusación contra su propio funcionario?

Sí. Cuando una administración resulta perjudicada puede ejercitar la acusación particular en nombre del interés público. Es práctica habitual en municipios, comunidades autónomas y entidades del sector público afectadas por la actuación de sus cargos o empleados.

¿Es compatible un procedimiento penal con un expediente disciplinario?

Sí, con matices. La doctrina constitucional ha admitido la compatibilidad cuando el fundamento jurídico es distinto. En la práctica, suele acordarse la suspensión del expediente disciplinario hasta la resolución firme del proceso penal.