Soriano i Piqueras presenta el informe anual de apartamentos turísticos de Valencia
Soriano i Piqueras publica la primera edición de su Informe anual sobre el estado del sector de los apartamentos turísticos — Edición Valencia 2026, un diagnóstico jurídico del año más convulso que ha vivido la regulación del alojamiento turístico valenciano, escrito desde la defensa de los inversores y operadores legales y con una tesis que lo recorre de principio a fin: defender al inversor cumplidor es defender la seguridad jurídica.
El capítulo central examina la actuación del Ayuntamiento de València: casi dos años de licencias suspendidas seguidos de un sistema de tres topes de saturación que cierra barrios de forma automática, sin acto administrativo que lo declare y sin publicar los datos de los que depende ese cierre. El informe lo llama «cierre por agotamiento estadístico» y sostiene que las condiciones de ubicación impuestas a la vivienda de uso turístico —solo plantas bajas o primeras, con acceso independiente y sin compartir rellano— son, en la ciudad consolidada, una prohibición con otro nombre.
El documento desmonta además el error de categoría que contamina el debate: no todo lo que aloja turistas es lo mismo. El hotel, el bloque gestionado por una empresa y la vivienda aislada de un pequeño propietario responden a regímenes jurídicos distintos, y computarlos contra un mismo techo de plazas hace que la vivienda dispersa quede excluida por plazas que no son suyas. Completan el diagnóstico la nueva conflictividad en las comunidades de propietarios, un régimen sancionador que alcanza los 600.000 euros sin criterios públicos de graduación, la amalgama con los cerca de 9.000 apartamentos sin licencia que las asociaciones vecinales estiman en la ciudad y la inseguridad que rodea al arrendamiento de temporada.
El informe se cierra con siete propuestas a las administraciones, entre ellas un certificado municipal vinculante de saturación consultable antes de invertir, el cómputo separado por tipologías, la publicación de criterios sancionadores y un plan de inspección centrado en la oferta ilegal, y con una guía de lo que el afectado puede hacer hoy en cada frente.
El informe, de publicación anual y al que seguirá una edición dedicada a Ibiza, puede descargarse aquí.