El Observatorio del Derecho Penal Administrativo es una iniciativa conjunta de Soriano i Piqueras y de la Asociación para la Defensa del Estado de Derecho para la vigilancia de la frontera entre la actividad pública y el derecho penal: el terreno en el que la gestión de los asuntos públicos, la potestad sancionadora de la Administración y la responsabilidad penal de autoridades y funcionarios se encuentran, se solapan o colisionan.
No tiene estructura ni personalidad propias: es un espacio de trabajo compartido por un despacho especializado en derecho penal y derecho público y por una asociación dedicada a la defensa de las garantías, la legalidad y el control del poder, que ponen en común lo que observan desde la práctica forense y desde la sociedad civil.
Qué observa
El derecho penal y el derecho administrativo sancionador comparten un mismo fundamento, el poder punitivo del Estado, pero se rigen por lógicas, garantías e intensidades distintas. En su frontera se deciden cuestiones que afectan a cualquier ciudadano y, de manera especial, a quienes ejercen funciones públicas: cuándo una irregularidad administrativa se convierte en delito, qué garantías acompañan al reproche cuando cambia de vía, cómo se aplica el principio non bis in idem, qué proporción guarda la pena con la sanción, cómo juegan la prescripción, la culpabilidad y la presunción de inocencia, o qué papel desempeñan la acusación popular, los aforamientos y las filtraciones en los procesos contra cargos públicos.
El Observatorio sigue ese espacio común: la legislación y sus reformas, la jurisprudencia de los tribunales, la práctica de la Administración y de los órganos de control, y la literatura jurídica que se ocupa de ellos. Sus líneas de trabajo se ordenan en siete ámbitos, que sirven para clasificar todo lo que publica.
Cómo trabaja
- Fuentes oficiales. Las normas se consultan en su texto consolidado del Boletín Oficial del Estado y las resoluciones judiciales se citan con su número, fecha y ponente, con enlace a la fuente siempre que existe.
- Análisis, no consignas. Las publicaciones son estudios firmados; las noticias informan de lo que ocurre sin opinar. Donde hay debate, se expone el debate.
- Independencia. Los promotores sostienen el Observatorio con sus propios medios. No recibe financiación externa ni publicidad, y lo que publica no responde a interés de cliente alguno.
- Utilidad. Además de publicar, el Observatorio construye utilidades de consulta sobre fuentes oficiales, gratuitas y sin registro, pensadas para abogados, funcionarios, jueces, fiscales, periodistas y estudiosos.
- Acceso abierto. Todo lo que publica puede leerse y citarse libremente, con la cita recomendada que acompaña a cada documento.
Consejo académico
Un consejo académico formado por profesores universitarios, magistrados, fiscales, letrados y otros juristas de reconocido prestigio orienta las líneas de trabajo, propone estudios y vela por el rigor de lo que se publica. Sus integrantes participan a título personal y sin retribución. Su composición se publica en la página del consejo académico.
Colaborar
El Observatorio está abierto a originales de investigadores y profesionales que trabajen sobre la frontera penal-administrativa, a propuestas de utilidades y bases de datos, y a la colaboración con universidades, colegios profesionales y asociaciones. Las propuestas se envían a través de la página de contacto; los originales se evalúan por el consejo académico y, si se aceptan, se publican en acceso abierto con la firma de su autor.
