Área de práctica

Defensa de funcionarios y cargos políticos investigados

Asistencia letrada especializada a autoridades, funcionarios, cargos electos y directivos públicos investigados en procedimientos penales. Defensa integral que abarca la vía penal, el expediente disciplinario y la gestión del riesgo reputacional.

Primera valoración confidencial →

Cuando el investigado es quien sirve al interés público

Un cargo público investigado se enfrenta a una situación radicalmente distinta a la del ciudadano particular. Las consecuencias de una condena van más allá de la pena de prisión: la inhabilitación absoluta o especial puede destruir una carrera construida durante décadas; la condena por responsabilidad contable puede comprometer el patrimonio personal durante años; y el daño reputacional, amplificado por el foco mediático, puede ser irreversible incluso antes de que haya sentencia.

Soriano i Piqueras ha defendido a autoridades, funcionarios, cargos electos y directivos públicos en algunos de los procedimientos penales más relevantes de los últimos años en España. Nuestra doble especialización en derecho penal y derecho administrativo nos permite abordar estos asuntos con una visión integral que no es habitual en despachos exclusivamente penalistas.

A quién defendemos

Cargos electos

Diputados, senadores, parlamentarios autonómicos, alcaldes, concejales y miembros de gobiernos autonómicos investigados por delitos cometidos en el ejercicio de su función o relacionados con ella.

Altos funcionarios

Secretarios de Estado, directores generales, secretarios generales técnicos, delegados del Gobierno y otros cargos de libre designación en la Administración General del Estado, autonómica o local.

Funcionarios de carrera

Funcionarios de los cuerpos de la Administración General del Estado, autonómica y local, técnicos urbanísticos, arquitectos municipales, interventores, secretarios de ayuntamiento y otros empleados públicos investigados por su actuación profesional.

Directivos de empresas públicas

Consejeros delegados, directores y miembros de consejos de administración de sociedades mercantiles públicas, entidades públicas empresariales y organismos autónomos investigados por su gestión.

Asesores y personal eventual

Asesores parlamentarios, personal de gabinete y otro personal eventual que, por su proximidad al poder o por su participación en decisiones públicas, puede verse arrastrado en investigaciones relacionadas con sus empleadores políticos.

Particulares vinculados a la Administración

Empresarios, promotores y particulares investigados como cooperadores necesarios, inductores o cómplices en delitos de funcionarios, o como autores de cohecho activo, tráfico de influencias activo u otras figuras que requieren la intervención de un particular junto a un cargo público.

Delitos por los que más frecuentemente se investiga a cargos públicos

  • Prevaricación administrativa (art. 404 CP). Dictar resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia. Es el delito más habitual en investigaciones de cargos públicos y suele concurrir con otros.
  • Malversación (arts. 432-435 CP). En sus tres modalidades tras la reforma de 2022: apropiación, administración desleal y uso temporal. Genera además responsabilidad contable paralela ante el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes.
  • Cohecho pasivo (arts. 419-422 CP). Recibir dádiva o promesa por acto contrario al deber o por acto propio del cargo. Las penas incluyen prisión, multa e inhabilitación, además de decomiso del beneficio obtenido.
  • Prevaricación urbanística (art. 320 CP). Funcionarios y técnicos que informan favorablemente o votan a favor de proyectos de urbanización o edificación ilegales. Especialmente frecuente en municipios con alta presión urbanística.
  • Tráfico de influencias (arts. 428-431 CP). Influir en otro cargo o funcionario prevaliéndose de relación personal, jerárquica o de hecho para obtener una resolución favorable. Exige delimitación cuidadosa respecto de la actividad política legítima.
  • Revelación de secretos (art. 417 CP). Divulgación de información reservada por razón del cargo. Ha adquirido protagonismo creciente en procedimientos contra cargos de la Administración con acceso a información sensible.
Nuestro enfoque

Defensa integral: penal, disciplinaria, contable y reputacional

01Estrategia procesal desde el primer momento. La primera comparecencia ante el juzgado condiciona el desarrollo de todo el procedimiento. Diseñamos la estrategia de defensa antes de la primera declaración y la mantenemos coherente durante toda la instrucción.
02Coordinación con el expediente disciplinario. La apertura de un procedimiento penal suele activar un expediente disciplinario paralelo. Coordinamos ambas defensas para garantizar coherencia y evitar declaraciones o actuaciones en uno que perjudiquen al otro.
03Defensa ante el Tribunal de Cuentas. Cuando los hechos afectan al patrimonio público, el Tribunal de Cuentas o la Sindicatura de Comptes puede exigir responsabilidad contable de forma paralela al procedimiento penal. Gestionamos simultáneamente ambas vías.
04Gestión del aforamiento. Determinados cargos disfrutan de aforamiento ante el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. La determinación del órgano competente y la estrategia ante el tribunal de aforamiento requieren experiencia específica que Soriano i Piqueras posee.
05Gestión reputacional. Los procedimientos contra cargos públicos tienen casi siempre impacto mediático. Asesoramos sobre la comunicación pública, la relación con los medios y la protección del honor durante el procedimiento, en coordinación con la estrategia procesal.

Lo que dice la prensa de nuestra práctica

«Víctor Soriano: de abogado del PPCV a referente nacional en derecho penal administrativo»

Valenciaplaza → →

«Un despacho de abogados valenciano, referente en las acusaciones penales más elitistas de España»

Las Provincias → →

«Víctor Soriano es uno de los mejores abogados de derecho público y derecho penal administrativo de España»

OkDiario

Preguntas frecuentes sobre la defensa de funcionarios y cargos políticos

¿Qué debo hacer si recibo una citación como investigado siendo cargo público?
Lo primero es no declarar sin asistencia letrada especializada. La declaración como investigado es la actuación procesal más importante del procedimiento: lo que se diga —o no se diga— condiciona toda la defensa posterior. Contacte con un despacho especializado antes de la primera comparecencia y lleve la documentación relevante a la primera reunión.
¿Puede abrirse un expediente disciplinario mientras hay un procedimiento penal abierto?
Sí, aunque con matices. La regla general es que el expediente disciplinario se suspende cuando los hechos investigados son los mismos que los del procedimiento penal, para evitar el riesgo de non bis in idem. Sin embargo, la Administración puede mantener el expediente en relación con conductas disciplinarias autónomas. La coordinación entre ambas defensas es esencial.
¿Qué es el aforamiento y cómo afecta a la defensa?
El aforamiento atribuye la competencia para conocer del procedimiento a un tribunal superior al ordinario — el Tribunal Supremo para determinados cargos nacionales, el TSJ para aforados autonómicos. Afecta a la estrategia procesal porque modifica el tribunal, los plazos, las posibilidades recursivas y el estilo de litigación. No todos los despachos tienen experiencia ante estos tribunales.
¿Qué consecuencias tiene una condena por prevaricación o malversación para un cargo público?
Las consecuencias son de tres tipos: penales (prisión, multa), accesorias (inhabilitación absoluta o especial para cargo público, que puede alcanzar los veinte años en los casos más graves) y civiles (responsabilidad civil derivada del delito y, en su caso, responsabilidad contable ante el Tribunal de Cuentas con obligación de reintegro). El daño reputacional es adicional e irreversible en muchos casos.
¿Puede un funcionario ser condenado penalmente por seguir órdenes de su superior?
Depende. La obediencia debida es una causa de exención de responsabilidad penal, pero tiene límites precisos: no exime cuando la orden es manifiestamente ilegal o cuando el funcionario conocía su ilegalidad. La jurisprudencia ha desarrollado criterios detallados sobre cuándo el funcionario podía y debía negarse a ejecutar la orden y cuándo estaba obligado a cumplirla. Cada caso requiere análisis individualizado.
¿Cómo contactar con Soriano i Piqueras para la defensa de un cargo público o funcionario?
Puede contactarnos por teléfono en el (+34) 91 993 00 59 (Madrid) o (+34) 96 073 05 72 (Valencia), por correo en info@sorianoipiqueras.com o directamente por WhatsApp. La primera valoración es estrictamente confidencial y sin compromiso.
Madrid(+34) 91 993 00 59Valencia(+34) 96 073 05 72Correoinfo@sorianoipiqueras.com