El despacho Soriano i Piqueras ha conseguido reducir en un 88% una sanción de 275.000 euros impuesta por el Consell d’Eivissa a la propietaria de una vivienda en Sant Antoni de Portmany que había sido destinada a alquiler turístico a través de la plataforma Airbnb sin contar con la correspondiente licencia.
La reducción de la sanción, que finalmente ha quedado fijada en 33.000 euros, se ha logrado tras la intervención del despacho en vía administrativa, sin necesidad de acudir a los tribunales. El caso supone además la primera aplicación en Ibiza del nuevo mecanismo que permite reducir hasta un 80% las sanciones en materia turística cuando el inmueble se destina posteriormente a uso social.
En este supuesto, Soriano i Piqueras negoció con la administración que la vivienda se incorporara al programa Lloguer Segur del Govern balear. A través de este programa, los propietarios alquilarán la vivienda durante un periodo de cinco años por un precio fijado por la administración autonómica y con garantía de cobro del alquiler. A cambio, el Consell d’Eivissa aplicará la máxima reducción prevista en la normativa para este tipo de sanciones.
A esta rebaja se suma además un descuento adicional del 40%, contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo Común, por reconocimiento de los hechos, renuncia a la interposición de recursos y pronto pago de la sanción.
Según explica Víctor Soriano, socio director de Soriano i Piqueras, “este caso demuestra que muchos expedientes sancionadores pueden resolverse de forma eficaz en la fase administrativa si se conoce bien la normativa y se exploran todas las vías legales disponibles”.
Soriano destaca además el impacto práctico de la solución alcanzada: “no solo hemos conseguido reducir de forma muy significativa la sanción para la propietaria, sino que además se ha encontrado una solución que permite que la vivienda pase a formar parte del parque de alquiler seguro durante cinco años”.
Para el director de la firma, la resolución también marca un precedente relevante en Ibiza: “se trata del primer caso en la isla en el que se aplica este mecanismo de reducción vinculado al uso social de la vivienda, lo que abre una vía interesante para otros propietarios que se encuentren en situaciones similares”.