El Tribunal Supremo ha dado un paso firme en la lucha contra la temporalidad irregular en las Administraciones públicas. En su sentencia de 11 de mayo de 2026, dictada tras el criterio del TJUE en el asunto Obadal, el Alto Tribunal deja claro que el abuso no puede resolverse con declaraciones formales, sino con consecuencias reales y efectivas para la Administración.
La Sala descarta la fijeza automática —por ser incompatible con los principios de igualdad, mérito y capacidad—, pero refuerza la protección del empleado público mediante una indemnización obligatoria y con efecto disuasorio, alineada con los estándares europeos. El mensaje es evidente: encadenar contratos temporales no puede seguir siendo una práctica sin coste.
La resolución incorpora además un elemento relevante: cuando se aprecie un uso abusivo de la temporalidad, podrá darse traslado a la Inspección de Trabajo, lo que abre la puerta a sanciones directas a la Administración empleadora. El Tribunal subraya así que la responsabilidad no recae solo en quien reclama, sino también en quien ha mantenido la situación irregular.
El Supremo también delimita un supuesto específico: si una persona superó un proceso selectivo para personal fijo, aunque no obtuviera plaza por falta de vacantes, y posteriormente fue contratada temporalmente de forma abusiva, podrá reconocerse la condición de fijo. En estos casos, el mérito y la capacidad ya fueron acreditados, y la temporalidad posterior revela una necesidad estructural de personal.
En conjunto, la sentencia consolida un marco más exigente: indemnización obligatoria, posible intervención sancionadora y reconocimiento de fijeza en supuestos muy concretos. Una doctrina que obliga a las Administraciones a revisar sus prácticas y que aporta mayor seguridad jurídica a quienes llevan años en situación de temporalidad prolongada.