Ejercemos la acusación popular en procedimientos penales de relevancia pública e institucional. Experiencia acreditada ante el Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia.
Primera valoración confidencial →La acusación popular es una institución singular del ordenamiento jurídico español que permite a cualquier ciudadano —sin necesidad de ser perjudicado directo por el delito— ejercitar la acción penal en defensa del interés público. Está reconocida en el artículo 125 de la Constitución y regulada en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es una herramienta poderosa para garantizar que determinados delitos —especialmente los cometidos por cargos públicos— no queden impunes cuando el Ministerio Fiscal no actúa o lo hace de forma insuficiente.
Soriano i Piqueras es uno de los despachos con mayor experiencia en el ejercicio de la acusación popular en España. Hemos dirigido acusaciones populares en algunos de los procedimientos de mayor relevancia institucional de los últimos años, incluyendo la acusación popular contra el Fiscal General del Estado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo.
Soriano i Piqueras dirigió la acusación popular en el procedimiento penal seguido contra el Fiscal General del Estado por presunta revelación de secretos, asunto sustanciado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. El caso tuvo una relevancia institucional excepcional al implicar al máximo responsable del Ministerio Fiscal y generar un debate de primera magnitud sobre la independencia de las instituciones.
La dirección de esta acusación popular por Víctor M. Soriano i Piqueras fue ampliamente cubierta por la prensa especializada y generalista, consolidando al despacho como referente en el ejercicio de la acusación popular en procedimientos de máxima relevancia.
Prevaricación, malversación, cohecho, tráfico de influencias y otros delitos cometidos por cargos públicos en el ejercicio de sus funciones. La acusación popular permite que la sociedad civil y las organizaciones ciudadanas se personen para garantizar que estos delitos no queden impunes por inacción del Ministerio Fiscal.
Procedimientos en los que el investigado ocupa un cargo de especial relevancia institucional — magistrado, fiscal, alto cargo del Estado — y en los que existe un interés público cualificado en la persecución del delito más allá del interés particular de los perjudicados directos.
Los delitos contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente afectan a la colectividad aunque no haya un perjudicado individual claramente identificado. La acusación popular permite que asociaciones vecinales, ecologistas o ciudadanos afectados se personen para defender el interés colectivo.
Los partidos políticos, sindicatos y asociaciones sin ánimo de lucro pueden ejercitar la acusación popular en procedimientos que afecten a sus fines estatutarios o al interés público que representan. Asesoramos a estas entidades en la valoración de la oportunidad procesal y en la estrategia de la acusación.