El régimen disciplinario sustantivo

1. Los principios informadores (artículos 414 a 416 LOPJ)

1El capítulo disciplinario de la LOPJ se abre con una declaración de principios de raigambre claramente penal. El artículo 414 formula la doble reserva de tipicidad y de garantías, el artículo 415 la de procedimiento y autoridad competente, y ambos son concreción del artículo 25.1 CE en su proyección sancionadora administrativa¹1STC 18/1981, de 8 de junio, y jurisprudencia constante. En la doctrina, RON LATAS y LOUSADA AROCHENA subrayan que el capítulo comienza recogiendo principios propios del Derecho sancionador, como la legalidad o la prohibición de doble sanción, con fundamento en el artículo 25 CE.. Merece la pena repasar los principios que de ahí derivan sin prisa, porque cada uno tiene consecuencias prácticas que no siempre se extraen.

2Encabeza la serie la legalidad, con su corolario de tipicidad. Sin tipo no hay falta, y los tipos son de interpretación estricta, con proscripción de la analogía contra el expedientado y de la interpretación extensiva. La consecuencia práctica se verá con detalle en el Capítulo IV, pero puede adelantarse. Reconducir una conducta al tipo genérico para eludir las condiciones del tipo específico no es una opción interpretativa más o menos discutible, sino una infracción del principio de especialidad que vicia de raíz el ejercicio de la potestad.

3Sigue la culpabilidad, que excluye la responsabilidad objetiva y la responsabilidad por el resultado. Debe acreditarse dolo o negligencia y debe probarse, además, que el juez pudo actuar de forma distinta y no lo hizo²2STS 317/2026, de 13 de marzo, FJ 5.. En este punto la STC 35/2026 ha elevado el listón en un aspecto de creciente importancia práctica, pues cuando el incumplimiento se explica por una situación de discapacidad o enfermedad conocida por el Consejo, sancionar sin haber ponderado antes los ajustes razonables exigibles a quien ocupa la posición de empleador convierte la sanción en discriminatoria³3STC 35/2026, de 25 de mayo, con aplicación de la STC 51/2021, de 15 de marzo..

4La proporcionalidad tiene formulación legal expresa en el artículo 421.3, que exige «la debida adecuación o proporcionalidad entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada», y opera como límite de la discrecionalidad tanto al elegir la sanción entre las previstas como al fijar su cuantía o duración. Su control jurisdiccional funciona de verdad, hasta el punto de que la Sala Tercera ha llegado a recalificar infracciones y a sustituir sanciones por desproporción⁴4Un ejemplo reciente es la sentencia de la Sala Tercera de noviembre de 2023 que recalificó la desatención muy grave del 417.9 en retraso grave del 418.11 y sustituyó dos meses de suspensión por una multa de 4.000 euros.. Si algo cabe reprochar aquí no es el funcionamiento sino el diseño, pues la ley sigue sin contener un catálogo de criterios de graduación, laguna que se propone colmar en el Capítulo VI.

5En cuanto a las relaciones con el proceso penal, el artículo 415.2 permite la incoación paralela del expediente pero impone la prejudicialidad devolutiva, de modo que no se dicta resolución disciplinaria hasta la firmeza penal, así como la vinculación a los hechos probados de la resolución penal «sin perjuicio de distinta calificación jurídica», y el apartado 3 veda la doble sanción sobre idéntico fundamento. Se articula así la preferencia de la vía más garantista. Cuando el reproche alcanza entidad penal, y el reproche al contenido de las resoluciones, si existe, solo puede ser penal por la vía de la prevaricación, la disciplina espera y en su caso cede.

6Cierra el cuadro la prescripción del artículo 416. Dos años para las faltas muy graves, uno para las graves, seis meses para las leves, contados desde su comisión. La regla más importante, con todo, es la de la interrupción, que se introdujo con una finalidad confesadamente garantista. Solo interrumpe la prescripción la notificación del acuerdo de iniciación del expediente o, en su caso, de las diligencias informativas relacionadas con la conducta investigada, sin que la denuncia, la queja o el informe del Servicio de Inspección tengan por sí eficacia interruptora⁵5Artículo 416.3 LOPJ. Sobre la finalidad garantista de la exigencia de notificación formal y la exclusión de eficacia interruptora de la mera denuncia o del informe del Servicio de Inspección, la documentación de la reforma del régimen disciplinario y MARTÍN RÍOS, P., cit.. Se quería impedir que las diligencias se incoaran de manera indiscriminada y que el juez viviera bajo una amenaza latente sin saberlo, finalidad garantista que debe presidir la interpretación del precepto y que refuerza la necesidad, sobre la que se volverá, de dotar a las diligencias informativas de un régimen completo.

2. Las faltas muy graves (artículo 417). Un mapa por familias

7El artículo 417 enumera dieciséis faltas muy graves. Más que una exégesis apartado por apartado, que puede encontrarse en los comentarios al uso, interesa aquí una ordenación por familias funcionales, porque es la que deja ver la lógica del conjunto y también su límite.

8Un primer grupo protege la posición institucional del juez, su apariencia de imparcialidad y su desvinculación partidista. Ahí están el incumplimiento consciente del deber de fidelidad a la Constitución, «cuando así se apreciare en sentencia firme» (417.1), la afiliación a partidos o sindicatos o el desempeño de empleos a su servicio (417.2), el ejercicio de actividades incompatibles (417.6), la provocación del propio nombramiento concurriendo incompatibilidad o prohibición y el ocultamiento de las causas de traslado forzoso (417.7), o la inobservancia del deber de abstención «a sabiendas» de la causa (417.8). Obsérvese una técnica que se repite. Allí donde el tipo roza terreno valorativo delicado, el legislador introduce filtros, como la sentencia firme del 417.1, o refuerza el elemento subjetivo, como el conocimiento exigido en el 417.8.

9Otros tipos castigan la interferencia. La provocación reiterada de enfrentamientos graves con las autoridades de la circunscripción «por motivos ajenos al ejercicio de la función jurisdiccional» (417.3) y la intromisión, mediante órdenes o presiones de cualquier clase, en el ejercicio de la potestad jurisdiccional de otro juez (417.4). Sobre el primero conviene reparar en el inciso final, que es una cláusula expresa de salvaguarda del contenido, pues el enfrentamiento derivado del ejercicio de la jurisdicción, por grave que sea, resulta atípico, señal de que el legislador tuvo presente, tipo a tipo, la frontera que esta obra defiende. El segundo es la traducción disciplinaria del artículo 12 LOPJ y un punto de referencia sistemático de primer orden, porque pocas presiones sobre un juez pueden imaginarse más intensas que la que se ejerciera mediante el propio aparato llamado a castigar las presiones.

10El grueso cuantitativo del sistema está, sin embargo, en las faltas de conducta funcional. La desatención o el retraso injustificado y reiterado (417.9), el abandono de servicio o la ausencia injustificada y continuada de siete o más días (417.10), faltar a la verdad en solicitudes de permisos, autorizaciones, compatibilidades, dietas o ayudas (417.11), la revelación de hechos o datos conocidos en el ejercicio de la función cuando cause algún perjuicio (417.12), el abuso de la condición de juez para obtener un trato favorable e injustificado (417.13) y la ignorancia inexcusable en el cumplimiento de los deberes judiciales (417.14). A esta familia pertenece la inmensa mayoría de las sanciones muy graves de la práctica real, y su interpretación restrictiva quedará fijada en el Capítulo IV. Solo la omisión absoluta o la denegación abiertamente inexcusable de la actuación debida, nunca la interpretación desacertada, y siempre la conducta del juez en su faceta de empleado público, nunca el núcleo jurisdiccional.

11Especial interés tienen para la tesis de esta obra dos tipos que podrían llamarse de resultado con filtro externo. El 417.5 exige como presupuesto una declaración firme de responsabilidad civil por dolo o culpa grave, que tras la LO 7/2015 remite a la declaración que abre la vía de repetición del artículo 296.2. Y el 417.15 castiga la «absoluta y manifiesta falta de motivación», pero solo cuando haya sido «apreciada en resolución judicial firme». En ambos aparece en estado puro la regla de mediación que se desarrollará más adelante. Cuando el reproche disciplinario presupone una valoración que toca lo jurisdiccional, el legislador interpone siempre una declaración previa y firme de un órgano jurisdiccional, con lo que el Consejo no valora nunca en primera instancia, sino que se limita a homologar lo que un tribunal ya declaró antes.

12El catálogo se cierra con una regla de agravación por reincidencia, pues comete falta muy grave quien incurre en una grave habiendo sido ya sancionado en firme por otras dos graves no canceladas (417.16).

13Hecho el recorrido, la conclusión se impone por sí sola. De los dieciséis apartados del artículo 417 ninguno tipifica el contenido de las resoluciones judiciales, y los dos que presuponen una valoración con proyección sobre lo resuelto, el 5 y el 15, interponen una resolución jurisdiccional firme como condición de procedibilidad. La frontera entre conducta y contenido no es algo que esta obra proyecte sobre el catálogo desde fuera. El catálogo está construido sobre ella.

3. Faltas graves (artículo 418) y leves (artículo 419)

14Las dieciocho faltas graves del artículo 418 reproducen el mismo patrón a menor escala. Faltas de respeto y de desobediencia institucional, interferencias en el ámbito gubernativo, el exceso o abuso de autoridad o la falta grave de consideración respecto de los ciudadanos, instituciones y profesionales (418.5), la utilización en las resoluciones judiciales de expresiones innecesarias o improcedentes, con la regla de procedibilidad que se examinará después (418.6), la omisión del deber de promover la responsabilidad del personal subordinado, la revelación sin perjuicio, las ausencias e inasistencias de duración intermedia, el retraso injustificado no constitutivo de falta muy grave (418.11), el abuso procesal que genera ficticios incrementos de volumen de trabajo (418.16) y las restantes infracciones estatutarias de gravedad media. Las cinco leves del artículo 419 recogen la escala mínima, con la falta de respeto no cualificada, la desatención o desconsideración con iguales, inferiores, ciudadanos y profesionales (419.2), el incumplimiento injustificado o inmotivado de los plazos para dictar resolución (419.3), la ausencia breve y la desatención a los requerimientos de los órganos de gobierno.

15En este catálogo hay una zona que concentra la sensibilidad constitucional. Me refiero al par formado por los apartados 5 y 6 del artículo 418, cuyo deslinde se desarrolla en el Capítulo IV pero cuya regla sistemática conviene dejar fijada ya. El 418.5 contempla el trato, la relación personal del juez con quienes comparecen ante él o se relacionan con el órgano, mientras que el 418.6 contempla el texto, las expresiones vertidas en resoluciones, y solo este último incorpora la condición de procedibilidad. Desplazar supuestos del segundo al primero para ganar la actuación de oficio es defraudar el sistema. Repárese, de paso, en la coherencia interna de la escala, pues el trato desconsiderado es falta grave o leve según su intensidad (418.5 y 419.2), gradación que solo tiene sentido si el objeto del reproche es la interacción personal, magnitud graduable, y no el razonamiento de una resolución, que no admite otra medida que la del recurso.

16Algo parecido, aunque de menor voltaje constitucional, ocurre con la escala de los retrasos. Retraso muy grave cuando es injustificado y reiterado o alcanza el grado de desatención (417.9), grave cuando es injustificado pero no reiterado (418.11), incumplimiento leve de plazos en los demás casos (419.3). La subsunción exige un juicio cuidadoso que la jurisprudencia controla con rigor, recalificando cuando la Administración fuerza el escalón⁶6Véase la nota 4., y la doctrina ha censurado con razón que la línea entre escalones sea tan tenue, hasta el punto de que en ocasiones un retraso aislado basta para la falta grave, con el consiguiente problema de proporcionalidad⁷7MARTÍN RÍOS, P., cit., con crítica de que baste un retraso aislado para la falta grave del 418.11.. La propuesta correspondiente del Capítulo VI recoge esa crítica.

4. La distinción entre conducta y contenido como criterio ordenador

17El Capítulo IV formulará la distinción como límite. Aquí puede ya verificarse como simple descripción del Derecho vigente. Recorridos los treinta y nueve tipos del sistema, todos describen conductas del juez en su dimensión estatutaria, relacional o funcional, ninguno tipifica el sentido, el criterio o el razonamiento de una resolución, y los escasos puntos de contacto con lo resuelto, que son los artículos 417.1, 417.5, 417.15 y 418.6, quedan sometidos a un filtro jurisdiccional previo, sea una sentencia firme, una declaración firme, una resolución firme o el testimonio del tribunal del recurso. Quien pretenda encontrar en el catálogo una habilitación para expedientar el contenido de un auto no está interpretando los artículos 417 o 418, por mucho que lo presente así. Está redactando, sin competencia para ello, un tipo nuevo.

18De esa verificación se sigue una regla de trabajo que conviene dejar formulada para el operador jurídico. Ante cualquier queja o denuncia contra un juez, antes de preguntarse si la conducta denunciada encaja en algún tipo hay que clasificar el objeto del reproche. Si el objeto es una resolución o su contenido, el destino legal es el archivo de plano del artículo 423.2, sin diligencia alguna, salvo que concurra el presupuesto de procedibilidad del tipo filtrado correspondiente, y solo si el objeto es una conducta se abre el análisis de tipicidad. Invertir el orden, es decir, abrir diligencias para comprobar si unas expresiones de un auto pudieran resultar desconsideradas, supone ya, en sí mismo, empezar a infringir el artículo 12.

5. Las sanciones (artículo 420), su graduación y las dos suspensiones

19El repertorio sancionador comprende la advertencia, la multa de hasta 6.000 euros, el traslado forzoso a órgano con sede separada al menos cien kilómetros, con prohibición de concursar de uno a tres años, la suspensión de hasta tres años y la separación. Las faltas leves solo admiten advertencia, multa de hasta 500 euros o ambas, las graves se sancionan con multa de 501 a 6.000 euros y las muy graves con suspensión, traslado forzoso o separación (artículo 420.1 y 2), prescribiendo las propias sanciones conforme al artículo 420.3. La anotación en el expediente personal y su cancelación, a los seis meses la advertencia y al año, dos o cuatro años las restantes según la gravedad, salvo la separación, completan el régimen (artículos 426 y 427), con la saludable regla de que la cancelación «borrará el antecedente a todos los efectos».

20Fuera del repertorio sancionador propiamente dicho quedan dos figuras de suspensión que delimitan el sistema por fuera y que, mal empleadas, son instrumentos de presión de primer orden. Una es la suspensión cautelar del artículo 424, que la Comisión Disciplinaria puede acordar hasta por seis meses, con audiencia del expedientado y del Ministerio Fiscal, cuando aparezcan «indicios racionales de la comisión de una falta muy grave». Es una medida excepcional y su presupuesto queda acotado por todo lo dicho, porque los indicios de falta muy grave no pueden consistir nunca en el contenido de una resolución. La otra es la suspensión reglada del artículo 383.1 por apertura de juicio oral penal por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones. No es una sanción disciplinaria sino un efecto legal del proceso penal, y su misma existencia refuerza el argumento sistemático central de esta obra. Para apartar a un juez por razón del contenido de sus resoluciones el ordenamiento exige nada menos que un proceso penal por prevaricación llegado a juicio oral, así que buscar ese efecto, o su sucedáneo reputacional, por la vía del expediente supone defraudar la escala de gravedad que el propio legislador construyó.